La noche del 2 de octubre de 1968 suele describirse como el golpe definitivo del Estado contra un movimiento que se negó a obedecer. Esa le...
La noche del 2 de octubre de 1968 suele describirse como el golpe definitivo del Estado contra un movimiento que se negó a obedecer. Esa lectura es inevitable y, en lo esencial, verdadera: hubo una demostración de fuerza que marcó a generaciones. Pero existe otra interpretación, menos instalada en la conversación pública, que no compite con la tragedia sino que la enmarca desde el cálculo: Tlatelolco también habría servido para reordenar la sucesión presidencial de 1970.
La hipótesis es directa: los tiroteos, el caos y el diseño de responsabilidades no buscaban únicamente dispersar a los estudiantes, sino fabricar un costo político para frenar a un aspirante presidencial. En el centro aparece un nombre que muchos ya no colocan en esa discusión: Alfonso Corona del Rosal. El argumento sostiene que el episodio habría sido útil para desactivar su viabilidad como candidato y abrir espacio a la figura que terminó siendo nominada.
Corona del Rosal no era un actor menor. Su posición en la capital lo situaba en una vitrina privilegiada, donde cada crisis se convierte en expediente y cada decisión se vuelve símbolo. En los sistemas donde la candidatura se decide en la cúspide, la visibilidad es un arma de doble filo: eleva perfiles, pero también vuelve a cualquiera el receptor perfecto de culpas. Si la capital arde, el costo suele buscar un rostro, y ese rostro no siempre es el de quien prende la mecha.
Del otro lado estaba la oficina que administra el pulso político cuando todo se descompone: Gobernación. En la lógica del poder, una crisis puede operar como un examen de control. Quien logra contener, encauzar o capitalizar el momento gana autoridad interna; quien queda asociado al desorden pierde. La teoría sugiere que Tlatelolco no solo fue una operación de fuerza, sino un ajuste de jerarquías dentro del propio régimen.
Esta lectura implica algo incómodo: que la violencia no solo reprimió, también reconfiguró. La tragedia deja de ser únicamente un acto de coerción y se convierte en un episodio con utilidad estratégica, donde el régimen paga un costo altísimo de legitimidad para obtener un beneficio inmediato: disciplina interna, cierre de filas y continuidad. En esa contabilidad, el daño social queda fuera del balance moral, pero dentro del balance de poder.
El componente más polémico es la mención de apoyo o participación de Estados Unidos. La idea aparece como parte del mismo rompecabezas: vínculos de inteligencia, comunicación y coincidencias de interés durante la Guerra Fría. Pero una cosa es reconocer que existían canales y otra afirmar intervención operativa directa para definir una sucesión. Esa diferencia es crucial: sin documentos o evidencias específicas, el salto entre relación y dirección es un terreno resbaladizo.
Si se toma en serio esta hipótesis, la pregunta no es si “suena posible”, sino qué necesitaría para probarse. Harían falta piezas verificables que conecten intención, operación y resultado: instrucciones claras, cadenas de mando, testimonios consistentes, documentación que mencione objetivos políticos concretos y, sobre todo, evidencias que expliquen por qué un actor sería sacrificado para que otro creciera. Sin ese soporte, la teoría funciona como una explicación con lógica interna, pero todavía discutible.
Aun así, el valor del planteamiento es que obliga a mirar Tlatelolco como un episodio donde el poder no solo castiga a los de abajo, también reorganiza a los de arriba. Cuando la sucesión se vuelve el corazón del sistema, las crisis dejan de ser accidentes y se transforman en instrumentos. En esa lógica, el 68 no solo fue una herida nacional: fue un punto de inflexión que, además de marcar a la sociedad, pudo haber redefinido el tablero dentro del gobierno.
Créditos (fuente utilizada): Video de YouTube: “Tiroteos de Tlatelolco en el 68 tenían un objetivo: detener a un candidato presidencial” (https://youtu.be/DvhRewLGDNY?si=HS09__mC6W9ESiHE).
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