El poder en manos de víctimas: una receta para la corrupción

Hay una idea que incomoda porque parece una sentencia moral, pero en realidad es una advertencia institucional: quien se percibe como víct...

Hay una idea que incomoda porque parece una sentencia moral, pero en realidad es una advertencia institucional: quien se percibe como víctima permanente puede volverse especialmente peligroso cuando obtiene poder. No porque toda experiencia de injusticia deforme el carácter, sino porque un sentimiento estable de agravio tiende a alterar la brújula con la que se decide quién merece qué, quién debe pagar y qué está permitido.

El problema no es el dolor, sino su transformación en identidad política. Cuando alguien se define por lo que le hicieron, el mundo se vuelve un tribunal eterno: la realidad se interpreta como una conspiración, la crítica como ataque y el desacuerdo como persecución. En ese marco, gobernar deja de ser administrar lo común y se convierte en cobrar una deuda emocional.

El poder, además, introduce una tentación conocida: la licencia moral. “He sufrido, por lo tanto tengo derecho”. Esa lógica abre un atajo peligroso: cualquier exceso se justifica como compensación, cualquier abuso como reparación, cualquier enemigo como verdugo. El puesto ya no se entiende como responsabilidad, sino como revancha con presupuesto.

En la práctica, ese tipo de liderazgo suele construir una élite de leales, no de competentes. La prioridad se vuelve blindar la narrativa de victimización: castigar disidencias, perseguir señales de “traición”, y convertir el aparato en máquina de confirmación. Lo que se premia es el aplauso, porque el aplauso funciona como prueba de que “ahora sí nos reconocen”.

También ocurre algo más sutil: la victimización fuerte tiende a producir hipervigilancia. El líder se siente atacado incluso cuando no lo está. Esa paranoia vuelve adictiva la expansión de control: más filtros, más sanciones, más reglamentos, más vigilancia, más castigo. La institucionalidad se degrada porque la regla ya no protege derechos: protege susceptibilidades.

El costo público es enorme. Se reemplazan políticas por gestos simbólicos, justicia por escarmiento, y argumentos por etiquetas. El debate se hace imposible porque cualquier objeción se interpreta como violencia. En ese ambiente, las decisiones económicas y administrativas se vuelven inestables: no importan resultados, importa quién “merece” ganar.

Por eso, la pregunta no es psicológica: es de diseño. ¿Qué tan preparados están los sistemas para impedir que el poder sea capturado por quienes lo usan como terapia? Las instituciones sanas ponen frenos: contrapesos, auditorías, transparencia, métricas verificables y responsabilidad personal. Sin esos límites, el agravio se convierte en método y el método, en norma.

La salida realista no es negar el sufrimiento ni burlarse de él. Es entender que la condición de víctima no es credencial automática de virtud, y que el poder exige algo más difícil: templanza, autocrítica y capacidad de distinguir entre justicia y desahogo. Si no se hace esa distinción, el poder no corrige heridas: las multiplica.