Un número récord de individuos de alto patrimonio neto cambió su residencia o ciudadanía en 2025, según estimaciones de firmas especia...
Un número récord de individuos de alto patrimonio neto cambió su residencia o ciudadanía en 2025, según estimaciones de firmas especializadas en migración de capital: unas 142,000 personas, con una proyección de 165,000 para 2026. El fenómeno, conocido en la industria como “migración de millonarios”, refleja una tendencia que va más allá de la búsqueda de beneficios fiscales: diversificación geográfica, acceso a mejores sistemas de salud y educación, y una forma de blindarse ante la inestabilidad política de sus países de origen.
El mapa de las llamadas golden visas, programas de residencia o ciudadanía a cambio de inversión, se ha reconfigurado radicalmente en los últimos años. España cerró su programa de residencia por inversión inmobiliaria en 2025, siguiendo el camino que Portugal había tomado en 2023. Aun así, ocho países europeos mantienen alguna modalidad vigente en 2026, disputándose a los inversores que buscan viajar sin visa dentro del espacio Schengen.
Fuera de Europa, nuevos actores buscan capturar ese flujo de capital. Paraguay lanzó formalmente en abril de 2026 el Paraguay Investor Pass, que ofrece residencia permanente a cambio de inversiones desde 150,000 dólares, una cifra sensiblemente menor a la que exigen los programas europeos históricos. La medida se suma a una lista creciente de países latinoamericanos y caribeños que compiten por atraer a la élite económica global con requisitos más flexibles.
Para los family offices que gestionan patrimonios superiores a los tres millones de euros, estos programas no solo ofrecen refugio fiscal: también funcionan como póliza de seguro geopolítica. La posibilidad de obtener una segunda o tercera ciudadanía en un plazo de cinco a diez años se ha vuelto parte estándar de la planificación patrimonial de las familias más ricas del mundo, en un contexto de tensiones comerciales, polarización política y crisis climáticas que amenazan la estabilidad de largo plazo.
Organizaciones como Tax Justice Network han cuestionado el impacto de estos esquemas, señalando que permiten a una franja reducida de la población acceder a derechos de movilidad y protección legal que resultan inalcanzables para la gran mayoría, al tiempo que erosionan las bases fiscales de los países de origen. El debate sobre si estos programas deben regularse con mayor severidad, o eliminarse por completo como ya hicieron España y Portugal, continuará marcando la agenda migratoria de las economías avanzadas en los próximos años.
Fuentes: Tax Justice Network, Forbes, CEOWORLD magazine, Moneywise, Infobae.
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