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Los mercados voluntarios de carbono nacieron con una idea atractiva: si una empresa no puede eliminar todas sus emisiones, puede pagar para que otro evite o capture una cantidad equivalente, y registrarlo en un crédito. El problema es que esos créditos se venden sobre la base de afirmaciones difíciles de comprobar. Según análisis jurídicos y académicos consultados, el beneficio ambiental de la mayoría de los proyectos es complejo de cuantificar, y por eso el sector enfrenta una crisis de credibilidad.
Los casos de fraude ya tienen nombre. En octubre de 2024, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) presentó sus primeras acciones por fraude en créditos de carbono voluntarios: acusó al exdirector de CQC Impact Investors, Kenneth Newcombe, y a la empresa y su exdirector de operaciones, por reportar información falsa para obtener créditos muy por encima de los que les correspondían, con proyectos en África subsahariana, Asia y Centroamérica. CQC aceptó pagar una multa de un millón de dólares y cancelar o retirar créditos asociados a la conducta. Según un reporte de Bloomberg del 15 de septiembre de 2026, la CFTC investiga ahora otras partes del mercado, incluidos proyectos y entidades que actúan como guardianes del sistema.
Las formas de fallo son variadas. La alerta de la oficina de denunciantes de la CFTC menciona operaciones simuladas (wash trading), créditos fantasma, doble conteo y reportes fraudulentos. Un conteo múltiple ocurre cuando una misma reducción se reclama dos veces, por distintos actores o registros. Y Carbon Market Watch estimó que solo uno de cada trece créditos forestales REDD+ certificados representa una reducción real de emisiones, cifra que ilustra la calidad desigual de la oferta. El problema, además, no se limita al mercado voluntario: se han reportado alegaciones sobre un esquema de cumplimiento administrado por el gobierno alemán.
Una razón estructural es la falta de reguladores. Según KPMG, estos mercados quedan en gran medida fuera del alcance de los reguladores financieros de la Unión Europea y el Reino Unido, y los organismos que verifican los créditos suelen ser voluntarios. Eso abre espacio para riesgos de integridad en toda la cadena y, de paso, para estafas dirigidas a inversionistas minoristas, advirtió la autoridad británica FCA. También hay efectos sociales: ciertos proyectos pueden afectar el acceso de pueblos indígenas a tierras ancestrales sin que esos costos queden reflejados.
La industria ha respondido con estándares. Desde la COP26 existe la Iniciativa de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono (VCMI), que publicó un código de buenas prácticas para que las empresas declaren cómo usan créditos, y el sector promueve los Principios Básicos de Carbono. Estudios recientes recomiendan protocolos de verificación sólidos, líneas base transparentes e interoperabilidad entre registros.
Ni los defensores ni los críticos cuestionan la necesidad de financiar proyectos climáticos; lo que se discute es cómo garantizar que cada tonelada vendida exista. Los partidarios de los mercados sostienen que la supervisión regulatoria puede depurar el sistema. Los escépticos consideran que la compensación puede servir de coartada para no reducir emisiones. Hasta que haya reglas comunes, el comprador asume buena parte del riesgo, y la verificación independiente pasa de ser un lujo a ser una condición para comprar.
**Fuentes:** CFTC (comunicado de octubre de 2024); CarbonCredits.com (reporte sobre investigación de la CFTC, septiembre de 2026); National Law Review; KPMG; Phillips & Cohen; Congressional Research Service; Sibanda y Dlamini (2026, IJBRSS); crbn.credit.
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